Una viga de catorce toneladas cae sobre las vías del AVE. Interrumpe el tránsito por un día y diecisiete mil personas se ven afectadas. El propietario del AVE, RENFE, debe devolver el dinero de esos billetes, pagar un transporte alternativo (autobuses), alguna indemnización posiblemente. Como no es culpa suya, paga pero demanda los daños al gobierno. Da igual si es gobierno central o autonómico. El dinero sale de los impuestos de los ciudadanos.
Si llegado el caso el gobierno de turno decide demandar a su vez a la empresa que realizó la obra de la viga no llegaremos a nada. La empresa dirá, con razón, que los técnicos del gobierno realizaron las pruebas de materiales, aprobaron el proyecto y verificaron la seguridad y viabilidad del mismo. El gobierno sigue pagando.
Y este es uno de esos casos en los que me gustaría equivocarme pero las únicas veces en las que podremos volver a escuchar este tema será para que un partido político pida la dimisión de un cargo político del bando contrario. Pero al final lo pagaremos entre todos.
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